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Tecnología

Apple enfrenta más de 30 demandas por uso indebido de AirTag en acoso

Varias personas acusan a Apple de lanzar AirTags sin medidas suficientes para prevenir su uso en acoso y vigilancia no deseada.

person Redacción Tricuatro calendar_month 2 mayo, 2026 schedule 1 min de lectura

Desde su lanzamiento en 2021, los AirTags de Apple se convirtieron en una herramienta útil para rastrear objetos, pero también fueron utilizados para acosar y seguir a personas sin su consentimiento. La comunidad ha reportado más de 40,000 casos de seguimiento no autorizado en estos años, lo que llevó a una serie de demandas contra la compañía.

En cada denuncia, las personas usuarias relatan cómo fueron víctimas de acoso o incluso amenazas, usando los AirTags para ser localizadas sin su permiso. Los demandantes argumentan que Apple sabía que su producto podía ser mal utilizado, pero no implementó medidas de protección adecuadas al momento de su lanzamiento.

Documentos internos y reportes públicos muestran que Apple fue consciente del riesgo que representaba el uso malicioso de los AirTags, pero las medidas anti-acoso que implementó son consideradas insuficientes por las víctimas. La compañía admitió que debería haber consultado a organizaciones contra el abuso doméstico antes de lanzar el producto.

Las demandas también señalan que las alertas de AirTags, como los sonidos que emiten o las notificaciones, pueden ser evitadas o modificadas, facilitando aún más el seguimiento no deseado. Además, los retrasos en las notificaciones y la posibilidad de remover los altavoces complican la protección de las personas.

Mientras tanto, Apple ha implementado algunas medidas, como notificaciones cruzadas en dispositivos Apple y sonidos de alerta, pero las víctimas consideran que no son suficientes para prevenir el uso malicioso. Los casos presentados en las demandas incluyen historias personales de seguimiento y acoso, y las personas solicitantes buscan compensación y una orden para que Apple deje de facilitar estas prácticas.

El juez que en 2022 rechazó la certificación de la demanda colectiva argumentó que las leyes varían entre estados y que cada caso es individual. Por eso, las personas afectadas fueron instadas a presentar demandas separadas en un plazo de 28 días.

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